La Convención: lo que la corrupción se llevó

Esperanza rota. Malas autoridades habrían desviado más de S/ 1 300 millones. Por corrupción hubo poco avance en materia social en esa provincia, donde hay niños enfermos con anemia y desnutrición, además consumen agua de ríos, pozos o manantiales.

La República
26 Nov 2019 | 6:37 h

José Víctor Salcedo

La corrupción dejó una estela de perjuicios en la provincia cusqueña de La Convención. La bonanza económica, que empezó en 2004 con la llegada del canon gasífero y regalías, no sirvió para eliminar problemas elementales como la pobreza, anemia, desnutrición, acceso a agua, entre otros servicios básicos.

En 2004, las municipalidades empezaron a recibir jugosas transferencias por concepto de canon gasífero y regalías por la explotación del gas por el Consorcio Camisea, ubicado en el Bajo Urubamba. Hasta el 15 de noviembre de 2019, las comunas convencianas recibieron en conjunto más de 13 mil millones de soles.

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En contraste, según un reporte de la Dirección Regional de Salud, a diciembre de 2017, tres de cada diez niños menores de tres años padecen de anemia y dos de cada diez de cinco años están enfermos con desnutrición crónica infantil.

La Convención sigue siendo una localidad con necesidades básicas insatisfechas. El 61% de la población de esta provincia es rural y el acceso a agua potable en esa área es una excentricidad. Según el censo de 2017, solo 41 mil viviendas particulares (68.13%) tienen acceso a agua por red pública, mientras que en más de 10 mil viviendas siguen consumiendo agua de un pozo, acequia, río o manantial.

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Daño social

Como puede notarse, los millones se gastaron casi en su totalidad, pero las brechas sociales siguen abiertas. ¿A qué se destinó el dinero? ¿Por qué su población sigue siendo pobre? ¿Cómo se explica la existencia de niños anémicos y desnutridos?

Si vemos la enorme cantidad de denuncias por corrupción contra autoridades, podemos deducir que hubo un desenfreno de irregularidades para desviar dinero estatal a bolsillos de terceros. Si bien el daño económico es difícil de cuantificar, la Procuraduría Nacional Anticorrupción calculó que al país le cuesta S/ 12 mil millones cada año. O sea, el 10% del presupuesto nacional de un año. “Ese mismo porcentaje se puede aplicar a La Convención”, ensaya Henry Delgado Urrutia, abogado y exprocurador anticorrupción del Cusco.

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Un simple ejercicio matemático, aplicando ese porcentaje, da como resultado un aproximado de S/ 1 300 millones perdidos en las oscuridades de la corrupción municipal. En junio de 2017, el entonces alcalde de Echarati, Raúl Morales, calculó que sus antecesores se habían robado alrededor de 400 millones de soles. Todo indica que Morales no quiso quedarse atrás y metió las manos a las cuentas ediles, buscando hacerse rico.

En su gestión hubo decenas de denuncias por corrupción. Morales cayó preso por supuestamente liderar junto a su madre y funcionarios una organización criminal en Echarati que robó caudales municipales fabricando obras y proyectos ficticios.

No obstante, el mayor efecto de la corrupción, antes que el económico, según Delgado Urrutia, es el daño social.

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Un niño que sufre de anemia o desnutrición, una madre que no puede atenderse en un centro de salud o un hospital, un campesino que todavía consume agua no potabilizada, un nativo que muere en el trayecto hacia un hospital por falta de vías de comunicación, un campesino que pierde su producción por falta de un programa que combata la roya amarilla o la mosca de la fruta, una persona que muere en una inundación por falta de obras de defensa ribereña, y un largo etcétera.

“Ese daño es irreparable”, señala, enfático, Delgado. En consecuencia, agrega el analista y estadístico Juan Carlos Coronado, “la corrupción afecta derechos básicos de las personas, porque las priva de mejoras que sus gobiernos deberían realizar con el dinero desviado en sobornos en áreas como salud, educación o transporte”.

Salida y retorno

Cuando las municipalidades empezaron a realizar grandes obras de infraestructura, hubo un boom de puestos de trabajo para mano de obra no calificada. Miles de agricultores dejaron sus chacras para vestirse de obreros. Un campesino ganaba unos 500 soles mensuales, pero como obrero de construcción civil recibía hasta cuatro veces más.

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Lo que ganaban, sin embargo, solo alcanzaba para costear su estadía en Quillabamba, ya que llegaba con toda su familia. “Muchos solo ganaban para pagar el alquiler de una casa y la comida de su familia”, cuenta Wilmar, un transportista de Quillabamba.

Las transferencias por canon han bajado en los últimos años. Las obras cesaron y los campesinos se quedaron sin empleo. Entonces, empezó el retorno a sus chacras, a ese ayer que quisieron abandonar, y sus vidas, como un déjà vu, volvieron a ser las mismas de antes.

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