Sala admitió casación de siete árbitros contra órdenes de prisión y de comparecencia

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16 Ene 2020 | 15:54 h
Humberto Abanto es abogado del exdirigente Jaime Yoshiyama.
Humberto Abanto es abogado del exdirigente Jaime Yoshiyama.

Entre los abogados aparece Humberto Abanto, quien también se desempeña como abogado del ex secretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama.

Caso Odebrecht. El último 7 de enero, la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente especializada en delitos de corrupción de funcionarios admitió los recursos de casación interpuestos por Humberto Abanto Verástegui y otros seis árbitros, quienes son investigados por cohecho pasivo específico.

El recurso de casación [anulación de una sentencia judicial] en favor de los 7 árbitros es contra las órdenes de prisión preventiva y comparecencia que anteriormente se les dictaron a Weyden García Rojas (prisión preventiva), Richard James Martín Tirado (prisión preventiva), Luis Felipe Pardo Narváez (prisión preventiva), Luis Fernando Pebe Romero (prisión preventiva), Fernando Cantuarias (comparecencia con restricciones), Ramiro Rivera Reyes (comparecencia con restricciones) y Humberto Abanto (comparecencia con restricciones).

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Ramiro Salinas, juez de la mencionada sala explica que los acusados cumplieron con explicar sus pretensiones y con plantear una medida alterna a las que se les impuso.

Sin embargo, otros cinco acusados que también apelaron a la misma vía se les dictó el rechazo a sus recursos. Estos son Emilio David Cassina Rivas (comparecencia con restricciones), Emilio Cassina (comparecencia con restricciones), Randol Edgar Campos Flores (prisión preventiva), Alfredo Enrique Zapata Velasco (comparecencia con restricciones) y Alejandro Orlando Álvarez Pedroza (detención domiciliaria).

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Conforme informa la sentencia, este último grupo nombrado, no cumplió con consignar los requisitos mínimos para lograr que sus recursos de casación seas admitidas.

El fiscal Germán Juárez Atoche detalla en su tesis que los árbitros emitieron veredictos en favor a la empresa brasilera Odebrecht para así ganar los procesos arbitrales que disputaban contra el Estado peruano.