Keiko Fujimori: Corte Suprema revisará pedido de Fuerza Popular para ser excluida del caso

Alonso Collantes

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29 Oct 2020 | 13:09 h
Fuerza Popular tiene un pedido de suspensión preventiva de actividades por dos años y medio. Foto: Aldair Mejía/La República.

Jueces supremos evaluarán, en un primer filtro, si la casación presentada por Fuerza Popular para ser retirada del caso Odebrecht cumple con los requisitos para ser debatido a fondo.

La Corte Suprema de Justicia revisará el viernes 13 de noviembre, en sesión reservada, un recurso de casación presentado por Fuerza Popular para ser excluida de las investigaciones por lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros involucrados.

En caso la solicitud pase este primer filtro, el recurso será debatido posteriormente en una audiencia pública donde se dejará al voto la decisión de los magistrados. Si no prospera, la casación será desestimada y no se alcanzará el objetivo de que el partido salga libre de las indagaciones que dirige el fiscal José Domingo Pérez.

Reporte de casación ante la Corte Suprema.

Tal como informó previamente La República, la organización política mediante el abogado Juan Alarcón Caycho, presentó el recurso el 21 de noviembre de 2019 a la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado. Esta admitió el pedido y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia en junio de este año.

Acorde con el recurso, el juez Víctor Zúñiga Urday que dirige las incidencias del caso Keiko Fujimori y los aportes de Odebrecht, incurrió en una “falta de motivación” en la resolución que incorporó al partido fujimorista al caso como investigado.

Caso concreto

El partido fujimorista es investigado por haber sido “instrumentalizado” por Keiko para hacer funcionar en su interior una organización criminal en 2011, con ayuda de falsos aportantes y “blanquear” dinero ilícito recibido de Odebrecht. Esta es la hipótesis central de la Fiscalía contra Fuerza Popular.

Al ser el partido una persona jurídica, no afrontaría una pena de prisión ante una eventual condena. Sino más bien “consecuencias accesorias”.

Estas posibles sanciones que se imponen a las organizaciones u empresas están contenidas en el artículo 105 A del Código Penal y contemplan la disolución, la imposición de una multa (desde S/21 mil hasta S/1′260 000) o la suspensión temporal de sus actividades.

Actualmente tiene un pedido de suspensión preventiva de actividades por dos años y medio. No obstante, el juez Víctor Zúñiga aún no programa esta audiencia.

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