Detenido. José Luis Chapa Díaz es escuchado en un audio amenazando con golpear al gobernador regional. Crédito: Manuel Berríos

Audios comprometen a dirigentes de construcción

Arequipa. Según escuchas telefónicas y testigos protegidos, chantajeaban a empresas para el pago de cuota sindical y cupos de trabajo. Algunos sostienen que la medida responde a una represalia por Tía María. Los agremiados anuncian protestas.

La República
17 Nov 2019 | 8:32 h

Por: Edwar Quispe Hancco

La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) quedó en una situación crítica. La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada desbarató el jueves pasado las operaciones de la presunta mafia “El Ladrillo Sindical del Sur”.

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En esta organización aparecen once dirigentes que encabezaban las protestas contra el proyecto minero Tía María, como el secretario general de la FDTA, José Luis Chapa Díaz, y el secretario de Construcción Civil, Andrés Saya Alarcón.

Chapa y Saya son acusados de cobrar cupos de dinero a constructoras a cambio de la llamada “paz laboral”. Se identificó los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de Organización Criminal y contra el patrimonio en la modalidad de extorsión.

De las transcripciones de audios publicados por La República, se develó el modus operandi de la organización y cómo amenazaban a los empresarios.

En una de las conversaciones, el dirigente Chapa amenaza con golpear al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

Chapa solicitaba la información de las obras en el Gobierno Regional de Arequipa y ordenaba a Andrés Saya y otros dirigentes a enviar a sus subordinados para que saquen información e integren los comités de obra y seguridad. De este ente se podía calcular el número de obreros que demandaba el proyecto y exigir la cuota sindical. De 100 obreros, podían exigir la mitad.

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Saya también coordinaba las operaciones mediante llamadas telefónicas y visitas a las obras. También delegaba a sus allegados para exigir los cupos y el cobro de la cuota sindical.

La orden de detención de la organización es por 8 días, y vence el viernes 23 de noviembre. Según se conoció, la fiscal Rosmeri Mendoza Palomino pedirá prisión preventiva para los investigados.

La Fiscalía ha detectado perjuicios a más de 11 obras (7 privadas y 4 públicas), donde la presunta mafia sometió a los responsables bajo amenazas personales y paralizaciones.

Además de las escuchas telefónicas, hay denuncias de cinco empresas, videos de vigilancia, declaraciones de testigos protegidos y audios.

Defensa

Para los dirigentes, el porcentaje de puestos de trabajo en obras públicas son un derecho amparado en la ordenanza 283 emitida por el Gobierno Regional de Arequipa, aprobada en 2014, que establece un 60% a favor del gremio sindical.

También el descuento en planillas de la llamada cuota sindical, que deben efectuar las empresas y depositar a las cuentas de cada sindicato según el decreto legislativo 1187.

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Pero ¿qué pasa cuando los descuentos se realizan a trabajadores no sindicalizados? El dirigente Jerónimo Escalante defiende el cobro porque los no afiliados también se benefician en cada negociación colectiva.

El laboralista Juan Carlos Rebaza asegura que si un obrero no sindicalizado no quiere pagar la cuota, obligarlo sería ilegal. También observó la ordenanza regional 283, pues si bien les permite colocar a su gente, el gobierno debe velar por las normas laborales que implican transparencia y meritocracia.

Presunta represalia por Tía María

Para el integrante de la Comisión Permanente del Congreso Justiniano Apaza, estas detenciones representan una persecución por la defensa del valle de Tambo.

Miembros del gremio sindical han anunciado una movilización para este lunes, con el fin de exigir la liberación de los dirigentes.

Con respecto a las bolsas de trabajo, el laboralista Alex Añari explicó que si hay una norma que les permite ocupar el 60% de los puestos de trabajo, no habría delito, por más que la norma sea cuestionada. Dicha norma es la ordenanza regional del 2014.

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