Empresas que operan en el sur borrarían sus deudas tributarias con fallo del Tribunal Constitucional

22 Sep 2020 | 11:23 h
Beneficiada. Una de la empreas que se favorecerían es Southern. Opera en Tacna y Moquegua.

DÍA D. Sunat reveló la lista de empresas deudoras y allí figuran Southern Perú, Antapaccay, Pluspetrol Camisea, Aceros Arequipa, entre otras.

Redacción sur

Un grupo de grandes empresas esperan que el Tribunal Constitucional (TC) anule hoy las deudas por impuestos que mantienen con el Estado peruano por S/11 mil millones.

La demanda planteada por el Colegio de Abogados de la Libertad, gira en torno a la validez del Decreto Legislativo 1421. La norma aclaró en 2018 que el plazo para realizar las labores de fiscalización, sanción y cobro de deudas tributarias no se contabiliza de manera lineal, porque los cuatro años de tiempo que tiene la Sunat para exigir los pagos, se cuentan desde que la infracción ha sido notificada.

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En cambio, el demandante sostiene que el periodo de cuatro años empieza desde que se inicia la inspección.

Las deudas

Son 158 compañías las que conforman la lista de deudores de la Sunat. Un grupo de firmas tienen operaciones en las regiones del sur. Una de ellas es la Compañía Minera Antapaccay S.A., dueña de una mina en la provincia cusqueña de Espinar. La deuda que tiene pendiente con el Estado asciende a S/ 725 millones 065 mil 302, de las cuales prescribirían S/ 2 millones 961 mil 028. La otra que opera en territorio cusqueño es Pluspetrol Camisea. Su deuda es de S/ 9 millones 789 mil 477, pero aún no apeló a la prescripción.

Tienen proyectos o sede en la región Arequipa la minera Southern Perú Cooper, Corporación Aceros Arequipa S.A. La primera impulsa el proyecto minero Tía María y la segunda tuvo una sede en esta región hasta el año pasado. Mientras que las empresas que podrían acogerse a esta figura más adelante son Sociedad Minera Cerro Verde por S/ 542 millones.

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El expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, sostuvo que los miembros de esta máxima instancia deben basarse en el derecho más allá de quién sea el perjudicado o beneficiado con el fallo que será emitido. “No creo que se admitan cuestiones de influencias que den lugar al fallo”, opinó.

Sostuvo que es cierto que la decisión pueda influir en las arcas fiscales al dejar de cobrar los 11 mil millones de soles, pero que la decisión debe estar amparada en la Constitución Política que es la única referencia.

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