Lambayeque: funcionamiento de 55 ambulancias del Minsa en riesgo por falta de mantenimiento

Ysela  Vega

ysela.vega@glr.pe

22 Oct 2020 | 14:16 h
Julio Hidalgo advirtió que si el GRL no atiende este problema se adoptarán acciones legales. Foto: La República
Julio Hidalgo advirtió que si el GRL no atiende este problema se adoptarán acciones legales. Foto: La República

La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) asignar mayores recursos para garantizar operatividad de las unidades vehiculares en la pandemia por COVID- 19.

Coronavirus en Perú. La Defensoría del Pueblo en Lambayeque pidió al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) asignar presupuesto anual suficiente para el mantenimiento preventivo y correctivo de 55 ambulancias de los establecimientos de salud a fin de garantizar su funcionamiento óptimo.

El jefe de la Oficina Defensorial en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes informó a La República que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) asignó este año S/ 200.758 para el mantenimiento preventivo y correctivo de ambulancias.

Hidalgo señaló que este monto resultaría insuficiente para cubrir los gastos que demandan las 55 unidades vehiculares, considerando que el mantenimiento debe ser automotriz y de equipos.

En ese sentido, exigió al Gobierno regional contar con una denominación y partida fija anual para asegurar el presupuesto suficiente que garantice el mantenimiento de los vehículos.

Acciones legales

“De no corregirse esta situación, se adoptarán acciones legales en defensa de la comunidad ante la indiferencia de las autoridades regionales, y más cuando existe un estado de emergencia por el coronavirus”, remarcó.

También advirtió que la Geresa no cuenta con un plan anual de mantenimiento para asegurar la operatividad de las ambulancias que resultan de vital importancia para el traslado y atención de los pacientes.

“Es necesario un documento de gestión para efectuar el presupuesto”, subrayó.

Exige respeto al derecho a la salud

Líneas seguidas, Hidalgo demandó que los pacientes sean trasladados a los centros de salud en condiciones dignas y seguras, en especial, aquellos que habitan en zonas altoandinas y rurales de la región.

“De esta manera, se protegerá el derecho a la vida, salud e integridad de las personas que ampara la Constitución”, concluyó.

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